Prácticas de conversión

Las prácticas de conversión pueden violar una serie de derechos humanos, entre ellos el derecho al más alto nivel posible de salud, el derecho a no ser sometido a tortura ni a otras formas de trato cruel, inhumano y degradante, y el derecho a la no discriminación.

Los Estados tienen la obligación, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de erradicar las prácticas de conversión. Los gobiernos nunca deben financiar ni promover las prácticas de conversión, ya sea de forma directa o indirecta. Deben adoptar enfoques holísticos que aborden las causas de fondo de estas prácticas nocivas. Las leyes que prohíben o regulan las prácticas de conversión deben ser precisas, específicas para cada contexto, centradas en la prevención, basadas en la experiencia de las personas que han sobrevivido a ellas y alineadas con las normas internacionales de derechos humanos. Las prácticas de conversión deben tipificarse como delito cuando constituyan tortura. Es posible que algunas de estas prácticas ya estén penalizadas en virtud de la legislación penal vigente, como las que prohíben la violencia física y sexual. La tipificación como delito puede no ser una respuesta adecuada en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando crearía obstáculos adicionales para la seguridad y la recuperación de las personas afectadas y cuando plantearía preocupaciones legítimas en relación con los derechos a la libertad de asociación o a la libertad de expresión.